España es un país a la vanguardia de la política de drogas: por qué no se habla de ello

Siempre que se habla sobre países innovadores en política sobre drogas suele salir a relucir el nombre de Uruguay, que legalizó el consumo de cannabis y cuyo Estado asumió el cultivo y venta de este producto. También Portugal, cuyo enfoque social a la hora de combatir las consecuencias negativas de la droga lo ha convertido en un modelo a imitar. Quizá también Suiza o la República Checa, con sus medidas progresistas. Raramente sale a colación el nombre de nuestro país, que no se queda a la zaga respecto a los casos citados y que en algunos ámbitos está abriendo nuevas direcciones.

¿Por qué no se habla de ello, ni en España ni fuera de nuestras fronteras? Es la gran pregunta que se hacen en un trabajo recién publicado los investigadores Constanza Sánchez, coordinadora de Leyes, Políticas y Derechos Humanos de la Fundación ICEERS, y Michael Collins, director de la Oficina de Asuntos Nacionales de Drug Policy Alliance. “España es un buen ejemplo de un país con políticas innovadoras sobre drogas que, con la excepción de los clubes de cannabis, apenas son conocidas fuera de sus fronteras”, explican los autores. Las respuestas señalan, asimismo, a la excepcional relación que España mantiene con las drogas.

Las innovaciones políticas han venido desde la base, del trabajo de organizaciones, ayuntamientos y comunidades, no del Gobierno central

A diferencia de los países faro (Uruguay y Portugal), España ha visto un movimiento desde abajo hacia arriba, y las comunidades autónomas —en especial, País Vasco, Navarra, Andalucía y Cataluña— han sido pioneras a la hora de adoptar nuevas medidas, en ocasiones enfrentándose con el Gobierno central. Ha sido una política de “mejor pedir perdón que permiso”, precisamente el nombre de esta investigación. El objetivo ha sido tanto la reducción del daño causado por las drogas (tanto a nivel de consumo de mercado) como el rechazo del enfoque prohibicionista que ha caracterizado el viejo y fracasado enfoque de la guerra contra las drogas.

Pero ¿por qué no oímos hablar de ello? “Un factor es que las innovaciones políticas han venido desde la base, del trabajo de organizaciones con usuarios, de los ayuntamientos y las comunidades autónomas”, explica a El Confidencial Sánchez. “No hay una articulación para comunicar estas decisiones a nivel internacional como sí lo puede hacer un Gobierno central”. En muchos casos, añade, las medidas de ayuntamientos y comunidades se situaban en un limbo legal al que no interesaba dar mucha visibilidad. Es el caso, por ejemplo, de la dispensación de metadona o heroína para usuarios en comunidades como Andalucía o Cataluña, que han probado con terapias con heroína inyectada y consumida de forma oral, respectivamente.

Un cigarrillo de marihuana. (EFE)

Otra explicación es que el cambio político en Portugal o Uruguay ponía en juego otros factores sociales (derechos humanos, justicia social, etc.) que los hacía especialmente atractivos para convertirse en referencias a nivel internacional. En España, aunque su situación no sea tan diferente a la de estos países, el panorama es mucho más fragmentado y, por lo tanto, difícil de vender. Como indica Sánchez, “más que de políticas han buscado su encaje a partir de decisiones judiciales, como la doctrina del consumo compartido o los clubes de cannabis”. Un último factor histórico: hasta hace relativamente poco, por una cuestión coyuntural (conocimiento de inglés, aislamiento de España), los debates entre investigadores eran internos.

Un ejemplo. Portugal siempre es citado como uno de los países pioneros en despenalizar las drogas, pero la política de España durante décadas no ha sido muy diferente: el consumo y la posesión nunca estuvieron penalizados. Paradójicamente, España no despenalizó las drogas porque nunca estuvieron criminalizadas, al menos de forma penal. El punto oscuro de la legislación española, según los autores, es el aumento de la cuantía de las sanciones administrativas en 2015, de mano de la conocida como ley mordaza; de ahí que los autores le den el nombre de ‘decrimilite’. Como recuerda Sánchez, demasiado a menudo las decisiones sobre drogas en España se encajan en leyes de seguridad ciudadana, como ocurrió también con la conocida como ley Corcuera.

De lo recreativo a lo terapéutico

Los autores del estudio lo tienen claro: la joya de la corona de la innovación española son los clubes de cannabis, que desvelan mucho acerca de la cultura española —permisiva con el hachís y la marihuana— y las peculiaridades administrativas de nuestro país. Según sus datos, hay en España más de 1.000 organizaciones sin ánimo de lucro en las que se controla el ciclo entero de producción y distribución, con el objetivo de que sus usuarios no tengan que recurrir al mercado negro. “Una respuesta de la sociedad civil a las políticas actuales que persiguen a los usuarios y cultivadores de cannabis”, en su opinión.

La mayoría de países donde se ha puesto sobre la mesa la legalización del cannabis han utilizado el argumento terapéutico. España no

¿La gran aportación de estas organizaciones surgidas casi de forma espontánea, al calor del informe Muñoz y Soto de 2001? “El uso recreativo del cannabis, que al contrario de lo que ocurre en otros países, ha precedido al medicinal”, explica Sánchez. La mayoría de países donde se ha puesto sobre la mesa la posible legalización de esta droga han utilizado el argumento terapéutico. El caso de España es el opuesto, y la investigadora recuerda que las dos comunidades donde surgieron estos clubes —País Vasco y Cataluña— son “dos lugares donde la sociedad civil está muy organizada en todos los ámbitos”. Una muestra más del enfoque desde abajo hacia arriba de España.

Durante muchos años, desde su surgimiento en 2000, la mayoría de denuncias contra esta clase de clubes fueron archivadas o desestimadas. Esa pequeña jurisprudencia se basaba en que no había ningún riesgo de venta o distribución de un cannabis que se cultivaba para consumo propio. Un limbo que propició que el número de clubes se disparase en los siguientes 15 años. Esta situación excepcional se ha paralizado en los últimos años, a medida que el acoso a los clubes se ha disparado, a partir de la doctrina Ebers del Tribunal Supremo, que consideraba que sus actividades son ilegales.

No solo eso, sino que las propuestas realizadas para la regulación de estos clubes por comunidades autónomas como Navarra han sido suspendidas en el Tribunal Constitucional, lo que les augura un futuro incierto. “En este momento, la pregunta crucial es si el área gris legal que permitió que emergiesen estos centros y que las comunidades realizasen propuestas reguladoras ha desaparecido hasta el punto de que los clubes son ahora claramente ilegales o si aún hay margen para la maniobra”, se preguntan los autores. Cabe otra posibilidad para la legalización del cannabis: adoptar el paradigma internacional y abordar la vía terapéutica.

¿Y ahora qué?

El estudio, confiesa Sánchez, se cerró antes de que Pedro Sánchez se convirtiese en presidente. ¿Cambiará algo próximamente? El informe recuerda que, durante los últimos 30 años, desde que se firmase en 1988 la última convención de drogas, las políticas del PP y el PSOE no han sido muy diferentes. En ningún caso han abierto cajas de Pandora como la posible regulación del cannabis, algo que sí está presente en los dos partidos emergentes: Podemos, que apoya su legalización (y, además, su posible exportación), y Ciudadanos, que con un enfoque más liberal ha propuesto un debate sobre el cannabis con usos medicinales.

Puede que España no sea capaz de exportar su política como hace con el flamenco o la tortilla, pero eso no significa que no ofrezca lecciones valiosas

Como recuerdan Sánchez y Collins, es la primera vez desde los años ochenta que se pone en cuestión el consenso en política sobre drogas a nivel nacional. De ahí que, como concluyen en su estudio, “los cambios políticos en España —tanto a nivel nacional como en las comunidades autónomas— significan que probablemente hay más reformas en el horizonte”. Nuestro país, recuerdan, ha mostrado gran predisposición a poner a prueba los límites de lo posible. Una de las claves es qué papel jugará la Justicia en este ámbito, ya que las últimas decisiones del Tribunal Supremo y del Constitucional señalan en la dirección opuesta.

“Puede que España no sea capaz de exportar su política sobre drogas tan fácilmente como lo hace con el flamenco, la sangría o la tortilla, pero eso no significa que no ofrezca lecciones valiosas para los reformadores de todo el mundo”, concluyen los autores. Es una historia difícil de contar, con sus avances y retrocesos, sus matices y paradojas, pero que puede resultar reveladora a nivel internacional, especialmente en lo que se refiere a la adopción de medidas innovadoras que se sitúan en las antípodas de la conocida como guerra contra las drogas. Pequeños gestos a nivel municipal y ciudadano más que grandes proyectos de Estado, la política española sobre esta cuestión sigue siendo una gran desconocida.

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