ABC: “Exaltos mandos venezolanos alertan de la sumisión civil al poder militar”

Venezuela avanza hacia el pleno sometimiento de la población civil al poder militar, que controla su presidente, Nicolás Maduro, como comandante de las Fuerzas Armadas. Es la idea central en la que coincidieron ayer los tres ex altos mandos militares que comparecieron ayer en la segunda sesión con la cual la Organización de Estados Americanos (OEA) pretende constatar si hay bases fundadas para llevar al régimen ante la Corte Penal Internacional (CPI), por un delito de lesa humanidad.

Quienes formaran parte del ejército venezolano, y que hoy viven en el exilio, describieron la forma en que Maduro ha extremado «el uso del ejército contra la disidencia», especialmente desde la aprobación del Plan Zamora, el pasado abril. A la autorización del uso de «armas de fuego contra la población» por parte de la Guardia Nacional, que ya aprobó en 2015, se suma ahora la «arbitrariedad» para someter a civiles a la Justicia militar, que en unas semanas desde su aplicación, multiplicó por tres el número de ciudadanos en cárceles castrenses, hasta 359.

La misma jornada que el exfiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo presidía la nueva sesión de comparecencias, el secretario general de la OEA,Luis Almagro, designó a tres juristas internacionales para conformar el panel independiente que elaborará un informe sobre los posibles indicios para denunciar a Venezuela ante la Corte Penal. El costarricense Manuel Ventura Robles, que fuera juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; el argentino Santiago Cantón, que formó parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el profesor Irwin Cotler, que fue ministro de Justicia y fiscal general de Canadá, integrarán la comisión, después de que los respectivos gobiernos informaran favorablemente, según el comunicado de la OEA. Otras dos sesiones de comparecencias en octubre servirán de base para los trabajos de los expertos.

La presencia del mayor general Hebert García Plaza se convirtió ayer en la principal aportación, dada su experiencia como miembro del Alto Mando del Ejército de Venezuela y como ministro para la Alimentación. García Plaza describió e interpretó la importancia del llamado Plan Ezequiel Zamora, que desde el pasado abril «ha puesto la fuerza militar contra la población civil en las operaciones de orden público». El exministro desmontó en su exposición que Venezuela estuviera necesitado de un plan militar, que Maduro firmó «por razones de seguridad e integridad del país», para combatir el golpe de estado aprobado por el Departamento de Estado norteamericano, en palabras del propio presidente.

García Plaza denunció que el presidente venezolano aprobó el plan «por motivaciones políticas», con el objetivo de combatir la disidencia política: «Como todo plan militar, en este caso convierte a Venezuela en un campo de operaciones, donde existen fuerzas amigas y enemigas». El ex mayor general recordó que el operativo, que incluía la puesta en marcha de «una estructura militar», se había iniciado previamente al proceso para constituir la nueva Asamblea Nacional Constituyente, mediante el llamado «autogolpe» por la oposición, encargado de neutralizar la anterior, donde el régimen tenía presencia minoritaria.

Reparto «político» de comida

En su comparecencia, García Plaza tampoco ahorró detalles sobre su etapa como ministro para la Alimentación del Gobierno de Maduro, en la que el presidente le instó, según su confesión, a facilitar un reparto de alimentos que «primara los criterios políticos, según las parroquias más afines, y no tuviera en cuenta tanto la extrema pobreza de las zonas más necesitadas». El exministro completó su relato detallando cómo había huido a Panamá a principios de 2016, poco después de enterarse de que el régimen iba a abrir una causa contra él, meses después de su renuncia al Gabinete.

En su descripción sobre la deriva del régimen venezolano, García Plaza denunció también el llamado «comando antigolpe», que describió como «una estructura informal de mando para la represión policial»dependiente de Diosdado Cabello, número dos del régimen. Según explicó, su labor más conocida son las detenciones de disidentes, que lleva a cabo sin conocimiento alguno del poder judicial. El exministro de Maduro también alertó sobre la «creciente posibilidad» de que el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), la formación que sustenta a Maduro, «se convierta en una fuerza armada paralela, dentro de la creciente militarización del régimen».

El testimonio personal del ex teniente coronel José Gustavo Arocha sirvió para reforzar las denuncias de la «persecución» contra todo tipo de disidencia, junto a la falta de garantías jurídicas en las detenciones, siempre bajo el conocimiento y la decisión del poder ejecutivo, según su versión.

El también exiliado en EE.UU. relató ante el plenario de la OEA su detención por parte del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) en mayo de 2014, que dio paso a seis meses de encierro en una de las estancias más temidas en Venezuela. Situada cinco pisos bajo sus propias instalaciones, la que llaman «la tumba» es conocido como uno de los lugares más siniestros del régimen. Prueba de la «dependencia de la Justicia con respecto al poder ejecutivo», Arocha relató que le especificaron que «el presidente está al tanto de todo». Además, en una ocasión que se personó ante la juez, ésta le afirmó: «Estoy esperando el informe del Sebin para ver qué hacemos con usted».

El excapitán Igor Nieto, que describió su experiencia personal como testigo de «abusos» del régimen, denunció que los llamados «delitos en blanco», el de traición a la patria y el ataque al centinela, son utilizados cada vez más para «atraer a los civiles a la jurisdicción militar».

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